Solo en Bolivia se desechan 140.000 toneladas de residuos plásticos cada año.

La Paz / 29 de octubre de 2021 / 01:38

Es bien sabido que de los materiales más contaminantes de la actividad humana, el plástico está entre los primeros de la lista. El acelerado desarrollo de la industria petroquímica en las últimas décadas hizo posible disponer no solo de una gran variedad de plásticos, sino también reemplazar otros materiales con el recién creado. Hoy el mundo está cubierto de plástico desechado.

Bolivia no es la excepción y, aunque no hay estudios que lo demuestren, debe estar entre los países que más desperdician plástico, particularmente el llamado “de un solo uso”, empleado en las bolsas para la compra, para envolver envases de alimentos y para los propios envases, todos ellos descartados en el basurero a veces minutos después de haber sido usados. La pandemia por el COVID-19 y la larga cuarentena con que se inauguró este nuevo tiempo sirvió para intensificar aún más el uso intensivo de este material.

Precisamente por la conciencia que existe al respecto, y por la gravedad del problema en todo el mundo, más de un año antes de la cuarentena la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia (UPAB) presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional un anteproyecto de ley para le regulación de bolsas plásticas de un solo uso. El documento fue aprobado por la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado, con participación de autoridades y técnicos de la Vicepresidencia, diversos ministerios y la propia Asamblea Legislativa, pero nunca llegó al pleno de esa cámara y no ha vuelto a ser tratado.

El proyecto incluye disposiciones sobre la implementación progresiva del uso de sustancias biodegradables y oxodegradables; la reducción de importaciones de bolsas que no empleen esa materia prima; y la prohibición gradual de su entrega en comercios hasta hacerlas desaparecer por completo en una década. Además se instruye a los gobiernos municipales promover la separación de residuos para facilitar su reciclaje o su disposición final.

En el Senado afirman que hay la voluntad de reponer el proyecto de ley y, dicen, el documento ha sido remitido a los ministerios de Medio Ambiente y Agua, y de Economía para que lo evalúen y hagan sugerencias, pero todavía no se conoce la respuesta. No es el único proyecto de ley detenido: hay dos en el municipio de Cercado, Tarija, uno en Santa Cruz de la Sierra y hasta uno en la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, sancionados, pero no promulgados o no reglamentados.

Considerando que, según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por su nombre en inglés), solo en Bolivia se desechan 140.000 toneladas de residuos plásticos cada año, la legislación que ponga un alto a este contaminante desperdicio es una urgencia, mucho más a la luz de los compromisos asumidos por el Estado ante la comunidad internacional en el marco de los acuerdos climáticos impulsados por la ONU. Hace falta, pues, más claridad y compromiso de las y los legisladores con los temas trascendentes.

El año pasado, los montos recuperados y/o en compromisos de pago llegaron a Bs 20,7 millones.

La Paz / 17 de junio de 2022 / 00:52

En Bolivia, miles de juicios por asuntos menores (deudas más o menos pequeñas, asistencia familiar impaga y otros) atiborran los juzgados de materia penal, civil y familiar, incrementando la carga procesal en un sistema ya saturado de casos. La alternativa se llama conciliación y arbitraje y, aunque no es un mecanismo nuevo, recién ha comenzado a cobrar la importancia que merece.

Se trata de un mecanismo que, según explica el Viceministro de Justicia, puede resolver desde la devolución de una garrafa de gas hasta de miles de dólares, en conciliaciones extrajudiciales gratuitas y sin necesidad de llegar a juicios. Este mecanismo está enmarcado en la Ley de Conciliación y Arbitraje promulgada en 2015. En Bolivia hay 43 centros de conciliación y ocho de arbitraje, repartidos en los nueve departamentos.

Gran parte de las oficinas dependen del Ministerio de Justicia y se encuentran dispersas en diferentes lugares, además de las ciudades capitales, como por ejemplo Chulumani, Challapata, Tupiza, Ivirgarzama, Shinaota, Riberalta, Muyupampa y Villamontes. De todas ellas, el 55% son públicas; el 37%, privadas; y el 5% dependen de las universidades, a través de sus respectivas facultades de Derecho.

El trámite se inicia cuando una persona interesada va a alguno de los centros de conciliación y expone su caso; se emite una “invitación” a la otra parte para que acuda al centro en procura de un pacto. De aceptarse la invitación, se realizan las audiencias necesarias en busca de un convenio y la firma de un acta que, por ejemplo, fija plazos y fechas de devolución de préstamos u otro tipo de deudas, incluyendo las de asistencia familiar. Una vez acordadas, las actas de conciliación son homologadas en juzgados del área familiar. Cuando no hay acuerdo, la conciliación no queda cerrada para un nuevo intento en el futuro y se elabora un acta.

Los datos del año pasado dan cuenta que los montos recuperados y/o en compromisos de pago llegaron a Bs 20,7 millones, mientras que en solo cinco meses de lo que va de 2022 la suma ya supera los Bs 11,9 millones. Según el Viceministro de Justicia, las cifras muestran la importancia de este programa dependiente de los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (Sijplu) y puso como ejemplo que hasta mayo de 2022 las cifras de conciliación representan 315 acuerdos, es decir, el 20,24% de las 1.556 solicitudes presentadas.

Está previsto que en el marco de la todavía pendiente reforma judicial se incorpore el mecanismo de la Justicia de Paz, que será una nueva instancia de resolución de conflictos, y en todos los casos significará un avance no solo para descongestionar juzgados, sino sobre todo para que la población aprenda a resolver sus conflictos sin necesidad de acudir a abogados y mucho menos a jueces. Es, pues, más que deseable que estos mecanismos se multipliquen, junto con la sensación de que es posible hallar justicia sin necesidad de llegar a un juzgado, donde es probable que todo se complique.

Es evidente que hoy la OEA es factor de división y no representa al conjunto de las Américas.

La Paz / 15 de junio de 2022 / 02:22

Uno de los temas polémicos en la reciente Cumbre de las Américas fue el lugar que ocupa hoy la OEA en el hemisferio. Varias voces cuestionan su vigencia y plantean una profunda reestructuración o alternativas de integración. Se critica en especial el desempeño del secretario general, Luis Almagro, que convirtió al organismo en instrumento al servicio de Estados Unidos y sus intereses.

Como ha sido dicho, la IX Cumbre de una parte de las Américas, realizada la semana pasada en Los Ángeles, fue un encuentro fallido. No solo por las exclusiones y ausencias, sino también por las opacas conclusiones adoptadas en un contexto donde el país anfitrión está lejos de tener liderazgo y tampoco puede imponer unilateralmente sus mandatos. En ese marco se sitúan los renovados cuestionamientos a la OEA y su actual dirección: más que favorecer el diálogo y la integración, en realidad los obstaculizan.

La voz autorizada y representativa al respecto la tuvo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en su condición de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Su posición sobre la OEA fue muy clara: “Si quiere ser respetada y volver a ser la plataforma política regional para la cual fue creada, (la OEA) debe ser reestructurada”. Pero hay una condición ineludible: remover “de inmediato” a quienes la conducen, esto es, echar a Almagro y los suyos.

El mensaje de Fernández se enmarca en la necesidad de favorecer intereses comunes de todos, sin exclusiones ni embargos, en el horizonte de “una reconstrucción creativa del multilateralismo”. En el mismo sentido se pronunció el canciller de México, Marcelo Ebrard, en representación del ausente presidente López Obrador: “Es evidente que la OEA y su forma de actuar están agotados”. E hizo una convocatoria para refundar el organismo con apego a los principios de no intervención y de beneficio mutuo.

Quizás la expresión más dura contra la OEA fue la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también ausente en la Cumbre: “Queda claro que el Ministerio de Colonias de Washington, también conocido como la OEA, ya no tiene ninguna razón de ser”. Ni hablemos de los cuestionamientos que recibieron el organismo y su secretario general por parte de los tres países excluidos de la Cumbre: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Es evidente que hoy la OEA es factor de división y no representa al conjunto de las Américas.

Mención especial tuvo en la Cumbre el papel de la OEA en la crisis de 2019 en Bolivia. El presidente Fernández fue contundente: “Se ha utilizado a la OEA como un gendarme que facilitó un golpe de Estado en Bolivia”. El Canciller mexicano, en tanto, cuestionó ese “vergonzoso papel”. Y el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, remató: “En nuestra dolorosa experiencia, la OEA participó en el golpe que consolidó un gobierno de facto”. Urge debatir en la región sobre el futuro de la OEA y de Almagro.

Hoy las mujeres continúan rezagadas en la mayoría de los ámbitos.

La Paz / 13 de junio de 2022 / 01:58

Las mujeres no acceden al mundo empresarial en igualdad de condiciones con los varones, no solo porque ganan salarios menores por hacer el mismo trabajo, sin importar el lugar en la escala jerárquica, sino porque tampoco acceden en gran número a los puestos altos de esa escala; y si quisieran emprender por su cuenta, descubrirían que solo una de cada 10 accede a créditos.

Son algunos de los muchos datos expuestos días atrás en el foro “Juntos por el empoderamiento empresarial de las mujeres”, organizado por el Pacto Global en Bolivia, la Confederación de Empresarios Privados, ONU Mujeres y el PNUD, donde se evidenció una vez más el tamaño y las características de la brecha que separa a hombres y mujeres y que causa enormes costos sociales y financieros, que hasta ahora no terminan de ser resueltos.

El presidente de la Confederación de Empresarios reconoció que en condiciones “naturales”, cerrar la brecha de género en el mundo empresarial tomaría 267 años; “la igualdad de género significa un progreso, un avance para la humanidad”, sintetizó luego de enumerar el conjunto de transformaciones que deberían introducirse en las empresas a fin de eliminar la desigualdad y la violencia, incluyendo políticas de tolerancia cero a la discriminación y la violencia, garantía de igual goce de derechos e inversión en el empoderamiento económico de las mujeres.

No es para menos, pues un estudio realizado en medianas y grandes empresas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz revela que la participación promedio de las mujeres en la empresa es de 35% (41% en las medianas empresas, 32% en las grandes); se trata del promedio de mujeres empleadas en las empresas sin importar su jerarquía. En la industria hay menos mujeres: 27% de la planilla; y en el sector comercio muchas más: 46%. En el sector comercio el 41% de los puestos de mando son ocupados por mujeres, en el sector industrial llegan apenas al 24% y en el sector servicios, al 22%.

El acceso a créditos está negado para el 87% de las mujeres, según la representante de ONU Mujeres en Bolivia, lo cual produce un círculo vicioso que impide cerrar la brecha de género. Para la directora de Negocio de BID Invest hay suficiente evidencia de que las mujeres son mejores ahorradoras y pagadoras, y de que cuando las mujeres se hacen cargo de la gestión de las finanzas hay mejores inversiones, pues se priorizan formación, alimentación y salud.

Se trata de asuntos identificados y reclamados desde hace décadas, y que siguen sin salir de los foros y otros ámbitos de debate, donde los actores de los ámbitos público y privado reconocen lo mucho que falta por hacer, pero rara vez convierten en acción los comprometidos discursos que se pronuncian. Hoy las mujeres continúan rezagadas en la mayoría de los ámbitos y pareciera que las políticas de acción afirmativa siguen siendo insuficientes. A pesar de la evidente necesidad, el patriarcado se resiste a ceder espacios a las mujeres.

Queda en agenda la exigencia de verdad y justicia por las masacres de Sacaba y Senkata.

La Paz / 12 de junio de 2022 / 00:48

La sentencia de Jeanine Áñez a 10 años de cárcel por su autoproclamación como presidenta del Estado marca un hito judicial y político sobre la coyuntura crítica de 2019. Hay un claro mensaje sancionatorio por el quiebre del orden constitucional, no solo para los actores políticos, sino también para los altos mandos militares y policiales. La legalidad del juicio está en debate.

Luego de un polémico proceso en el ámbito de la justicia ordinaria, la expresidenta Áñez, juzgada en su condición de exsenadora, fue condenada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes. Así concluyó el caso Golpe de Estado II, que fue el camino expedito al que recurrió el oficialismo ante el bloqueo opositor de un juicio de responsabilidades. La sentencia de 10 años, “infame” para unos, “benigna” para otros, es un parteaguas con mensajes y efectos.

Un efecto inequívoco de la sentencia es sentar el precedente de que cualquier autoproclamación de un gobierno por fuera del marco constitucional y normativo tendrá sanción. No importa si está precedida de movilización ciudadana, reuniones extralegislativas y renuncias. En democracia, la fuente de legitimidad de un gobierno son las urnas. Y en caso de una situación de crisis que implique sucesión presidencial, debe hacerse cumpliendo la Constitución. Es un mensaje para los actores políticos.

El otro efecto, como señal, está dirigido a los altos mandos militares y policiales. Es otro precedente: cualquier acción política o deliberativa de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana como instituciones, incumpliendo sus respectivas misiones constitucionales, también tendrá sanción. No puede ocurrir en democracia que la fuerza pública, sea con motines, sea con acciones unilaterales o “sugerencias”, se ponga al servicio de afanes de derrocamiento o de cambios de gobierno por vías no democráticas.

Estamos entonces ante importantes efectos y mensajes para el porvenir democrático en el país. No es poca cosa. Claro que debe considerarse también el debate sobre la legalidad de este juicio ordinario. El caso Golpe de Estado II se concentra en los tres días de noviembre de 2019 que corrieron entre la renuncia del expresidente Evo Morales y la autoproclamación de Áñez en un hemiciclo sin quorum. Hay quienes creen que debió ser objeto de un juicio de responsabilidades. Se observa también el principio del debido proceso.

Aunque prosigue la polarización discursiva, con la sentencia se cierra un capítulo de la coyuntura crítica de 2019. Ya antes se habían cerrado, con sobreseimiento, los 11 juicios por el presunto “fraude” que los acusadores no pudieron demostrar. Queda en agenda la exigencia de verdad y justicia por las masacres de Sacaba y Senkata, que apuntan también a Jeanine Áñez (y su gabinete), ya en ejercicio de la presidencia. Y por supuesto está en mesa la impostergable reforma de una justicia por demás degradada.

La polarización no justifica la falta de diálogo y la ausencia de coordinación entre todos los niveles de gobierno.

La Paz / 11 de junio de 2022 / 01:27

La conflictividad social local está aumentando en varias regiones del país. Frecuentemente, esos problemas son tratados únicamente desde la perspectiva de la polarización, con escaso esfuerzo por comprender los problemas reales que podrían estar detrás de esas movilizaciones. Sería deseable que autoridades y medios de comunicación generadores de opinión pública discutan sobre esas cuestiones de fondo.

Desde hace un tiempo, en varios municipios rurales del departamento de Santa Cruz se están produciendo bloqueos de carreteras y movilizaciones exigiendo atención de la Gobernación. La primera respuesta de esas autoridades fue atribuir las demandas a los intereses del MAS. Sin embargo, al final siempre tuvieron que dialogar y llegar a acuerdos con las organizaciones movilizadas para resolverlas. Este hecho indica que había problemas concretos detrás de estas situaciones.

En estos días, en la ciudad de El Alto se está produciendo un conflicto liderado por las juntas escolares que exigen atención del gobierno municipal. Nuevamente, la primera reacción de los funcionarios de la Alcaldía fue vincularlo a objetivos partidarios. Sin embargo, es muy probable que, como en otros casos, la situación culmine en algún tipo de compromiso.

Sería ingenuo desvincular totalmente los grupos sociales de grupos políticos, tan ingenuo como divorciar a las autoridades locales, involucradas en estas situaciones, de sus intereses partidarios. La mayoría de ellos tienen visibles adscripciones políticas. Sin embargo, simplificar las problemáticas reduciéndolas únicamente a esta dimensión sería un grave error.

Estos conflictos tienen que ver con la dificultad de la mayoría de los gobiernos locales para atender las múltiples demandas sociales de sus administrados. Esto se debe, entre otras cosas, a la reducción de recursos que están enfrentando los gobiernos locales, pero también a la lentitud o incluso incapacidad de varias nuevas autoridades para definir orientaciones y un plan realista para gobernar sus municipios y departamentos en una etapa de vacas flacas.

Es decir, no todos los conflictos y las demandas sociales son ilegítimas. También son problemas reales de la gente y de las comunidades que deben ser comprendidos y resueltos en la medida de las posibilidades del Estado. En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, parece imprescindible que el gobernador encuentre una manera de convivir y trabajar con las autoridades municipales masistas que fueron electas en una gran parte del territorio de ese departamento. De igual modo, en El Alto, habría que evitar la descalificación y la simplificación, tanto entre los movilizados como entre las autoridades municipales, y apuntar a trabajar en responder a las demandas concretas de las juntas escolares.

La polarización no justifica en ningún caso la falta de diálogo y la ausencia de coordinación entre todos los niveles de gobierno. Es el momento de concentrarse en escuchar y atender a las y los ciudadanos sin distinción.

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